CEOE y Cepyme, tras el visto bueno de sus respectivos órganos de gobierno, han acordado reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social que mantenga el sistema de bonificaciones a la formación obligatoria que realizan las empresas.
Este sistema de bonificaciones, explican ambas organizaciones en un comunicado, se ha venido aplicando en España a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo, pudiendo ser esta formación tanto transversal (por ejemplo, prevención de riesgos laborales) como sectorial (por ejemplo, manipulación de alimentos).
Los empresarios subrayan que la bonificación de la formación obligatoria para las empresas se ha venido admitiendo por el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el Tribunal Supremo desde que estas ayudas se implantaron en 2004, por entender que éstas estaban “plenamente incluidas” en el sistema de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación.
CEOE y Cepyme denuncian que el cambio de criterio para que esta formación obligatoria no sea bonificable se pretende aplicar, en algunos casos, con efecto retroactivo y con exigencia incluso de intereses y sanciones, “lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial de las pymes y aquellas de menor tamaño”, advierten.
Las patronales califican de “sorprendente” que se haya decidido cambiar el criterio precisamente en el Año Europeo de las Competencias y cuando España ostenta la Presidencia del Consejo de la UE.
Por todo ello, las organizaciones empresariales reclaman la adopción de medidas normativas y administrativas “urgentes” que corrijan esta situación y “restablezcan la seguridad jurídica de las empresas”.
CEOE y Cepyme recuerdan en su comunicado que de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores.
Asimismo, y dado que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio, las patronales cuestionan “qué sentido tendría mantener la obligación para las empresas de pagar una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación”.
La Audiencia Nacional dictó a finales de 2002 una sentencia en la que establecía que la formación de carácter obligatorio en prevención de riesgos laborales no podía ser bonificable al considerar que no se encuentra dentro del marco regulador de la formación profesional para el empleo.
Así, la Audiencia entiende que sólo pueden beneficiarse del régimen de bonificaciones las acciones que puedan calificarse como formación para el empleo, criterio que también defiende la Inspección de Trabajo en contra de lo que se ha venido admitiendo por parte del Ministerio, el SEPE, la Fundae y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
